¿Y si fuera posible una gestión macroeconómica y crediticia sin usura?

En Argentina, un bloque de 27 legisladores presentó en el Congreso un proyecto de ley para frenar el sobreendeudamiento. La iniciativa encomienda al Banco Central fijar límites a las tasas de interés compensatorio y exige transparencia obligatoria del Costo Financiero Total antes de contratar un préstamo. Contempla además revisión humana obligatoria de las evaluaciones crediticias hechas por sistemas automatizados, para evitar sesgos discriminatorios, y una protección especial para ingresos de carácter alimentario como la AUH, Embarazo, Alimentar y el Plan 1000 Días.

El proyecto responde a un escenario de deuda que ya alcanza a más de seis millones de argentinos con atrasos de 90 días o más en sus pagos a billeteras virtuales. Según el Banco Central, la mora de las familias llegó al 12,8% en mayo de 2026, mientras que en el sector no bancario —según datos de la consultora EcoGo— la irregularidad trepó al 28,7%, con picos del 34,1% en préstamos personales. En ese contexto, algunas plataformas ofrecen financiamiento con Costos Financieros Totales que superan el 700% anual. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció públicamente que las tasas del orden del 400% son abusivas, aunque remarcó que hoy no existe una norma que impida a las empresas aplicarlas.

Por otra vía, y con parte de los mismos firmantes como Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix, Pablo Yedlin, llevaron adelante el reclamo a un terreno distinto: una presentación ante la Autoridad Nacional de la Competencia para que investigue a 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros por presuntas conductas anticompetitivas. A diferencia del proyecto de ley —que necesita aprobación parlamentaria para convertirse en norma—, esta denuncia activa directamente un proceso de investigación dentro de un marco legal ya vigente. El diputado Ernesto "Pipi" Ali, uno de los firmantes, resumió el reclamo en sus redes sociales: "El motivo es simple: están abusando de los usuarios y el Gobierno lo sabe. El propio Caputo lo admitió — dijo que las tasas del 400% son abusivas, y que no hay nada que les impida hacerlo."